PREÁMBULO
Nosotras, la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, somos un espacio de articulación para la lucha contra el racismo, el sexismo, la discriminación racial y la pobreza. Impulsamos la consolidación de un movimiento amplio de mujeres afrodescendientes, que incorpora las perspectivas étnicas, raciales y de género en su quehacer, visibilizando la realidad de la discriminación y la violación de los derechos humanos que vivimos, en el ámbito socioeconómico, político y cultural. La Red se propone incidir en instancias gubernamentales e intergubernamentales para la formulación e implementación de políticas públicas que garanticen la construcción de modelos de desarrollo, sustentados en el reconocimiento y respeto de las identidades étnicas, raciales y de género.
En el marco del modelo de desarrollo vigente, en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, la situación de pobreza de las afrodescendientes se agrava por la falta de acceso y control de los recursos económicos y naturales, a lo cual se añaden las escasas oportunidades a empleos de calidad con remuneraciones justas, de acuerdo a su formación, habilidades y experiencia.
La falta de formación adecuada y desarrollo de habilidades en materia de emprendimientos productivos y económicamente sustentables, los rigurosos criterios de selección para la concesión de créditos y financiamientos, factores que se han convertido en un obstáculo que imposibilita la participación plena en las diferentes esferas económicas en nuestros países.
Las mujeres somos un 53% de la población afrodescendiente en la Región Latinoamericana y del Caribe y debido a las condiciones de discriminación étnico-racial y de género y los factores negativos mencionados, tenemos una sobrerrepresentación entre los grupos de mayor pobreza y vulnerabilidad con bajos indicadores de acceso a la educación, a los servicios de salud, vivienda, salubridad y acceso a recursos económicos que contribuyan a nuestra autonomía en la sociedad.
La mayoría de los Estados de la Región, más allá de firmar y ratificar convenios, acuerdos y tratados de diversa naturaleza, no han tenido un accionar que refleje su compromiso de aportar al cambio en las condiciones de vida, de participación y acceso a los recursos económicos y naturales de las mujeres afrodescendientes, a través de políticas públicas con perspectiva étnico racial y de género, manteniendo, de esta manera, la situación de marginalidad e invisibilidad de las mismas.
Por todo esto, nos preguntamos, en el marco de la Undécima Conferencia Regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ¿Qué Estado queremos y para qué igualdad? en ese sentido, declaramos y proponemos los siguientes puntos que forman parte de nuestra agenda:
DECLARAMOS
Que el sistema capitalista ha incorporado a las afrodescendientes como mano de obra, con poco valor, al mercado laboral y a la producción, basándose en la división sexual del trabajo, en los estereotipos de género, en la subordinación femenina y en las desigualdades raciales y de clase. Esto tiene como consecuencia, además de la marginación económica, la exclusión social, en muchos casos también su desvinculación del territorio, convirtiéndola en trabajadora asalariada migratoria, tanto a lo interno de su país, como a nivel internacional.
Que no puede concebirse un Estado plenamente democrático sin justicia social. Que las discriminación étnico-racial y de género son constitutivas de la pobreza, la exclusión y de la perpetuación de las desigualdades sociales históricas.
Que los Estados de la Región deben reconocer que el tráfico y la trata de personas africanas esclavizadas durante la época colonial tiene efectos transgeneracionales a partir de la acumulación de desventajas para las personas afrodescendientes en general, profundizándose en las mujeres afrodescendientes en particular. Mantener esos efectos através de las instituciones y organización actual de los Estados les hace párticipes hoy día de la injusticia y desigualdad en la vida de los y las afrodescendientes. Este reconocimiento es condición previa para la implementación de políticas públicas de acción afirmativa imprescindibles para un desarrollo sustentable de las poblaciones afrodescendientes.
Que a los pueblos y personas afrodescendientes se les ha degradado progresivamente, se les ha asignado lugares simbólicos y materiales que les condiciona a permanecer como mano de obra escasamente calificada para el ingreso en condiciones dignas al mercado laboral y a la producción. Esto se ha fundamentado en la división sexual y racial del trabajo, en los estereotipos étnico-raciales y de género, en la subordinación femenina y en la subalternización racial de las desigualdades de género, posición económica y de clase.
Que a la marginación económica de los y las afrodescenfientes se suma la exclusión social y en muchos casos también la desvinculación del territorio. Muchas mujeres afrodescendientes, a base de estereotipos, se emplean en el trabajo doméstico, con las peores condiciones. Situación que es peor aún si es inmigrante indocumentada y está expuesta a la trata y tráfico actual de mujeres en las redes ilícitas internacionales con los vejámenes físicos y morales que esto supone.
Que las condiciones laborales a las que han sido sometidas las afrodescendientes responden a un modelo económico que tiene como eje central un comercio internacional y un crecimiento económico desigual, lo que sólo beneficia a los grupos históricamente dominantes.
Que ese mismo desarrollo económico y social, en su evolución de las últimas décadas, ha suscitado nuevos planteamientos, gracias a las demandas de diversos grupos sociales, los cuales apuntan a propiciar una mayor participación democrática, fundamentada en la libertad, la diversidad cultural y la diversidad étnica, lo cual demandamos que sea considerado e incorporado en los modelos de desarrollo implementados por nuestros Estados.
Que como Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora entendemos que las propuestas productivas derivadas del desarrollo económico vigente deben ser un reflejo de los procesos creativos y culturales de los pueblos para mejorar y diversificar la base productiva, tomando en cuenta las potencialidades locales y regionales.
Que el desarrollo económico al que aspiramos y demandamos debe validar e incorporar los saberes y conocimientos ancestrales, recuperar los valores intrínsecos de los pueblos, identificar y priorizar oportunidades sustentables, de igual manera, focalizar la innovación tecnológica para el fortalecimiento de las capacidades de toda índole, de las personas, y particularmente, de las mujeres afrodescendientes.
Que el Estado que demandamos, en cada país de la Región, otorgue validez real a los convenios, acuerdos y tratados de diversa naturaleza, que firma y ratifica en el ámbito nacional e internacional, de tal manera que refleje su compromiso de aportar al cambio en las condiciones de vida, de participación y acceso a los recursos de las personas afrodescendientes y, muy particularmente, de las mujeres afrodescendientes.
Que, según hemos suscrito en declaraciones anteriores, demandamos fortalecer la vigencia y respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo. Demandamos particularmente asegurar a las mujeres afrodescendientes el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva integral, así como a la más amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluido el acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento para el VIH/SIDA.
Que debe garantizarse el acceso a los servicios de salud de calidad y al aborto legal y seguro, como condición necesaria para la reducción de la mortalidad y morbilidad maternal. Igualmente a las adolescentes y jóvenes afrodescendientes debe brindárseles las oportunidades que les permitan tomar decisiones libres, responsables e informadas en todos los ámbitos que afectan la calidad y trayectorias de sus vidas, especialmente los relacionadas con el ejercicio de su sexualidad, garantizándoles el acceso a la educación en sexualidad, a información sobre todos los métodos anticonceptivos y el acceso a los de su elección.
Que las afrodescendientes demandamos un compromiso del Estado con la igualdad y la implementación de políticas públicas con perspectiva étnico- racial y de género con el propósito de erradicar la marginalidad e invisibilidad en que nos encontramos.
PROPONEMOS
Que los Estados implementen políticas públicas que promuevan la autonomía económica de las afrodescendientes, teniendo en cuenta el acceso a los recursos económicos y naturales, como la tierra y el agua, al crédito y al empleo y la protección del mismo, en el contexto de los acuerdos comerciales interregionales e intrarregionales y, particularmente, en la crisis financiera actual.
Que los Estados desarrollen e implementen medidas y acciones positivas, contempladas en los diferentes tratados y convenciones, que garanticen la integración de las mujeres afrodescendientes al mercado laboral de forma plena, asegurando la calificación técnica, profesional y la consiguiente adecuación salarial de la fuerza laboral femenina, sin discriminación alguna, lo que permitirá reducir las brechas basadas en la etnia y el género.
Que los Estados, entre las acciones positivas, promuevan la creación y acceso a programas de emprendimiento empresarial para la incorporación de las mujeres afrodescendientes en la economía; el fortalecimiento de sus iniciativas económicas; la creación de redes empresariales; empresas asociativas y otras formas de organización de las mujeres con base en una comercialización con justicia y equidad.
Que los Estados implementen un sistema de seguridad social equitativo y sin discriminación étnico-racial y de género, que garantice los derechos de las trabajadoras afrodescendientes y aseguren que los/as empleadores/as cumplan con sus obligaciones, en el marco de las normativas laborales establecidas.
Que los Estados desarrollen programas para proteger la salud integral, sexual y reproductiva de las mujeres afrodescendientes, así como fomentar el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.
Que los Estados amplíen la cobertura del sistema de salud para todas las mujeres afrodescendientes, a través de servicios integrales de calidad, así como garantizar criterios étnico, raciales y de género, en los planes para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio dedicados a salud, en particular la reducción de la mortalidad materna.
Que los Estados implementen políticas públicas para facilitar a las mujeres el acceso a la tierra y su titulación; acceso a los recursos económicos y naturales, incluyendo los bosques y el pago de incentivos forestales, motivando de esta manera el manejo y uso adecuado de estos recursos.
Que los Estados difundan, multipliquen y sistematicen experiencias exitosas de empoderamiento económico de las mujeres en materia de seguridad alimentaria y combate a la pobreza.
Que los Estados se comprometan con la creación de indicadores sociales y económicos, en los censos nacionales, con desagregación étnico-racial y por sexo, en los países que aún no lo han hecho, como insumo obligatorio para el diseño e implementación de políticas públicas que favorezcan a las mujeres afrodescendientes.
Que los Estados, se comprometan a través de la realización de estudios y encuestas brindar información confiable y exhaustiva de la población, desagregada por edad, etnia, sexo/género y procedencia geográfica.
Que los Estados inviertan recursos en la producción sistemática de datos estadísticos que incluyan indicadores étnico-raciales, sexo, género y procedencia geográfica, tanto en los censos como encuestas y cualquier estudio que se use para el diseño de políticas públicas, planes y programas. Esto permitirá evaluar su impacto en la situación de los y las afrodescendientes en general. Para el logro de la eficiencia en los planes para el desarrollo, debe tenerse en cuenta también la Declaración de París (2005) y el Programa de Acción de Accra( 2008) para lograr la canalización de los recursos de la cooperación internacional dando énfasis y atención especial a la mujeres, las niñas, las adolescentes y las jóvenes afrodescendientes.
Que dentro de la estructura gubernamental se cree un espacio sobre las afrodescendientes, con la estructura y los recursos necesarios para garantizar la defensa de nuestros intereses y la producción de información sobre nuestras condiciones de vida, permitiendo, de esta manera, el diseño e implementación de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de la ciudadanía en condiciones de igualdad.
Que la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han declarado el año 2011 como “Año Internacional de la Población Afrodescendiente”. Los Estados deben impulsar acciones concretas que durante este año reflejen la voluntad política real de enfrentar las condiciones de marginalidad y pobreza en que viven la mayoría de los pueblos y personas afrodescendientes.
Dado en la ciudad de Brasilia a los 16 días del mes de julio 2010.