CIDH culmina el 147 Período de Sesiones
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IACHR Wraps Up its 147th Session
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5 de abril de 2013
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 147o Período ordinario de Sesiones del 7 al 22 de marzo de 2013. La CIDH está integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Rosa María Ortiz, Segunda Vicepresidenta; Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, y Rose-Marie Belle Antoine. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza L.
Durante el 147o Período de Sesiones se celebraron audiencias y reuniones de trabajo, y se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales. Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los Afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.
Por primera vez en su historia la CIDH celebró una audiencia solicitada por un grupo de Estados. Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana realizaron un llamado a aquellos Estados de la región que aún no han abolido la pena de muerte a que consideren su abolición o a que declaren una moratoria como paso previo a la abolición, tal como lo planteó la Comisión en su informe “La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de restricciones a abolición”. Asimismo, instaron a los Estados a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH relativas a personas condenadas a la pena de muerte. La Comisión Interamericana saluda esta iniciativa, que es un ejemplo de trabajo conjunto de los Estados y la CIDH en defensa de los derechos humanos…
La Comisión expresa su profunda preocupación ante la información recibida sobre la persistencia, en la actualidad, del fenómeno de las desapariciones forzadas en la región, y la invisibilidad en que permanece esta situación. Esto es resultado de la ausencia o ineficacia de las políticas públicas de los Estados en la materia, y en algunos casos de la negación de la existencia del fenómeno. Resulta de especial preocupación la falta de investigación sobre los casos de desapariciones, la ineficacia en la búsqueda de las personas desaparecidas y la impunidad en la que queda la mayoría de los casos. La Comisión identificó que la impunidad es un problema constante en la región, afectando gravemente el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas y propiciando la repetición de los crímenes.La Comisión recibió información preocupante sobre la persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como actos de violencia en manifestaciones de protesta social y la criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos. Resulta particularmente preocupante la falta de adopción de medidas efectivas por parte de los Estados para proteger a defensoras y defensores en situaciones de grave riesgo.
En dos audiencias, la Comisión recibió información que indica que las personas afro-descendientes en Brasil y en Colombia continúan enfrentando situaciones y trato desventajoso debido a su raza, y que la interseccionalidad de raza y género agravan la discriminación contra mujeres afro-descendientes. La información recibida en estas sesiones es consistente con las conclusiones del Informe de la Comisión sobre la Situación de las Personas Afrodescendientes en las Américas sobre la situación de discriminación estructural que afecta a las personas afrodescendientes en las Américas, y que se refleja en importantes obstáculos para el goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. La invisibilización de las necesidades de las personas afrodescendientes, sumado a la continuidad de estereotipos y prejuicios, contribuyen a perpetuar situaciones históricas de segregación y exclusión. La CIDH reitera la necesidad de que los Estados adopten medidas urgentes y sin dilación para abordar los obstáculos y las barreras en el ejercicio, respeto y garantía de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en las Américas.
Por otra parte, la Comisión considera de suma preocupación la continuidad de la afectación y desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en varios países de la región, la continuidad de graves afectaciones a la vida e integridad física y cultural de pueblos, comunidades y personas indígenas, la represión de acciones de protesta y manifestaciones públicas realizadas por líderes, lideresas, autoridades y miembros de pueblos indígenas en defensa de sus derechos, y las acciones de represalia o amenazas contra líderes y lideresas indígenas.
En relación con las personas privadas de libertad, la Comisión continúa profundamente preocupada por las graves situaciones de derechos humanos existentes en los centros de reclusión de todos los países de la región. Resulta de suma preocupación la información recibida en audiencias sobre el uso excesivo de la prisión preventiva, la utilización del aislamiento solitario, así como las condiciones de detención en Cuba y en la Base Naval de Guantánamo, Estados Unidos. En particular, la CIDH expresa su profunda preocupación por la práctica existente en Estados Unidos de recluir a niños menores de 18 años en cárceles para adultos, sin una separación efectiva entre ellos. Preocupa también a la Comisión los abusos, violaciones sexuales, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el aislamiento solitario. La Comisión urge a Estados Unidos a identificar e implementar de manera urgente un mecanismo federal que identifique como niño o niña a toda persona menor de 18 años, evitando que puedan ser juzgados como adultos o recluidos junto con adultos.
En varias audiencias se recibió información preocupante sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en varios países. Agresiones a periodistas, legislación violatoria del derecho a la libertad de expresión, ausencia de marcos regulatorios que reconozcan las radios comunitarias, cierre de medios a través de procesos administrativos y judiciales, son algunos de los problemas sobre los cuales se recibió información durante las sesiones.
En relación con los derechos de las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersex, preocupa a la Comisión la existencia de centros para “curar” la homosexualidad, en los que se coacciona u obliga a las mujeres lesbianas jóvenes y adultas a ingresar a estos centros y se las sujeta a toda forma de violencia, incluida la de índole física y sexual. Asimismo, se recibió con preocupación información sobre intervenciones médicas a las que son sometidos los niños intersex por el hecho de que sus cuerpos se diferencian de un cuerpo estándar masculino o femenino, sin aguardar a una edad en que puedan dar su consentimiento. Estos procedimientos no son médicamente necesarios, se realizan por razones cosméticas, y suelen tener efectos irreversibles, incluyendo insensibilidad genital, esterilización y dolor crónico. La CIDH urge a los Estados a adoptar medidas urgentes para revisar estas intervenciones médicas a personas menores de 18 años a la luz del derecho de toda persona a la integridad personal, la dignidad, la privacidad, la identidad, la autonomía, el acceso a la información, los derechos sexuales y reproductivos y la salud.
Asimismo, se recibió información preocupante sobre la situación de los derechos de las mujeres, en especial por la persistencia de la violencia contra las mujeres en las Américas y la impunidad en que quedan estos crímenes. En las audiencias se escuchó información preocupante sobre los obstáculos legales y prácticos que persisten para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, los obstáculos en el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, el creciente problema de la trata de personas, y la interseccionalidad en la discriminación contra mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres pobres y mujeres lesbianas, quienes se encuentran invisibilizadas en la formulación de legislación, políticas públicas y programas estatales.
En diversas audiencias temáticas, la Comisión recibió información profundamente preocupante sobre derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos se encuentra la falta de tratamiento adecuado para personas indígenas LGTBI que viven con VIH, el vínculo entre discriminación contra comunidades en situación de vulnerabilidad y su ejercicio de los derechos al trabajo, a la salud y a la tierra, la intersección entre el derecho a vivir libre de discriminación y el ejercicio de los derechos económicos y sociales para diferentes grupos, incluyendo las mujeres, las personas indígenas y afrodescendientes, entre otros. Asimismo, se recibió información preocupante que indica que un alto porcentaje de los casos de mujeres y niñas que se someten a abortos ilegales o que son acusadas de violar las leyes que criminalizan el aborto, son resultado de la pobreza y de un acceso inefectivo al derecho a la salud.
La CIDH celebró audiencias de países y destaca su profunda preocupación por la información recibida sobre los graves desafíos que enfrenta el Programa Nacional de Resarcimiento para las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, y sobre la falta de avances en República Dominicana respecto a la situación que enfrentan las personas dominicanas de origen haitiano y las violaciones que sufren en sus derechos humanos, en especial su derecho a la nacionalidad, generando situaciones de apatridia. Respecto a Guatemala, la Comisión hace un llamado al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de dicho programa y para asegurar que se implementen efectivamente las medidas que garanticen una reparación integral, con pertinencia cultural y de género, a las víctimas del conflicto armado. Respecto a República Dominicana, la Comisión Interamericana continuará utilizando todos los mecanismos a su alcance para dar seguimiento a esta grave situación mientras la misma persista, e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para resolverla.
Este comunicado tiene un anexo en que se incorpora la información recibida durante estas sesiones sobre la situación de los derechos humanos en la región.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
IACHR Wraps Up its 147th Session
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April 5, 2013
Washington, D.C.—The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) held its 147th regular session March 7-22, 2013. The IACHR is made up of José de Jesús Orozco Henríquez, Chair; Tracy Robinson, First Vice-Chair; Rosa María Ortiz, Second Vice-Chair; and Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, , and Rose-Marie Belle Antoine. The Executive Secretary is Emilio Álvarez Icaza L.
During the 147th session, the Commission held hearings and working meetings, and approved reports on individual cases and petitions. The hearings and reports reflect some of the structural human rights problems that continue to exist in the region. These have to do with respect for the right to life and humane treatment; the guarantees of due process and judicial protection; the exercise of economic, social, and cultural rights: and situation regarding the rights of children, migrants, human rights defenders, indigenous peoples, Afro-descendants, women, persons deprived of liberty, and lesbian, gay, bisexual, trans, and intersex persons, among other issues.
For the first time in its history, the IACHR held a hearing requested by a group of States. Argentina, Brazil, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, and the Dominican Republic called on those States in the region that have not yet abolished the death penalty to consider doing so, or to declare a moratorium as a step prior to abolishing it, as suggested by the Commission in its report The Death Penalty in the Inter-American Human Rights System: From Restrictions to Abolition. The States participating in the hearing also urged States to comply with the precautionary measures granted by the IACHR with regard to individuals sentenced to death. The Inter-American Commission welcomes this initiative, which serves as an example of the States and the IACHR working together in the defense of human rights.
The Commission is deeply concerned over information it received indicating that the phenomenon of forced disappearances continues to exist today in the region and that the situation remains invisible. This is due to the lack of, or ineffectiveness of, public policies in this area, and in some cases due to the denial that the phenomenon exists. Issues of particular concern include the failure to investigate cases of disappearances, the ineffectiveness of efforts to find individuals who have disappeared, and the impunity in which the majority of the cases remain.
In this regard, the Commission identified impunity as an ongoing problem in the region, one that seriously impairs victims’ right to justice and to reparation, and paves the way for these crimes to be repeated.
The Commission received troubling information indicating that human rights defenders continue to be targets of murders, threats, and harassment, along with acts of violence at protest demonstrations and the criminalization of their activities. The IACHR is particularly concerned about States’ failure to adopt effective measures to protect human rights defenders who are at serious risk.
In two hearings, the Commission also received information that persons of African descent in Brazil and in Colombia continue to face disadvantaged treatment and situations because of their race and that the intersectionality of race and gender worsen discrimination against women of African descent. The information received in these sessions is consistent with the conclusions of the Commission’s Report on The Situation of the People of African Descent in the Americas regarding the situation of structural discrimination that affects them, which is reflected in important obstacles for the enjoyment and exercise of their political, economic, social, and cultural rights. The invisibility of the needs of Afro-descendants, togethter with ongoing stereotypes and prejudices, contributes to perpetuate historical situations of sgregation and exclusion. The IACHR reiterates the need for the States to adopt measures promptly and without delay in order to deal with the obstacles and barriers in the exercise, respect, and guarantee of the human rights of Afro-descendant people in the Americas.
On another matter, the Commission is deeply concerned about the continuing violation and disregard of the territorial rights of indigenous peoples in several countries of the region; the ongoing, serious violations of the right to life and to the physical and cultural integrity of indigenous peoples, communities, and persons; the repression of protests and public demonstrations carried out by leaders, authorities, and members of indigenous peoples in the defense of their rights; and the retaliatory actions or threats carried out against indigenous leaders.
With regard to persons deprived of liberty, the Commission continues to be deeply concerned over the serious human rights situation in prison facilities in all countries of the region. During the hearings, it received information of utmost concern on the excessive use of pretrial detention and the use of solitary confinement, as well as on detention conditions in Cuba and at the Guantánamo Naval Base, United States. In particular, the IACHR expresses its deep concern over the practice in the United States of incarcerating children under 18 years of age in prisons for adults, without any effective separation between the two. It is also cause of concern to the Commission the abuses, sexual rape and cruel, inhuman and degrading treatment, such as solitary confinement. The Commission urges the United States to identify and urgently implement a federal mechanism to identify anyone under the age of 18 as a child, to keep them from being tried as adults or incarcerated alongside adults.
In several hearings, the Commission received troubling information about the right to freedom of expression in several countries. Attacks on journalists, laws that violate the right to freedom of expression, the lack of regulatory frameworks that recognize community radio stations, and the closure of media outlets through administrative or judicial processes are some of the problems the Commission heard about during its sessions.
With regard to the rights of lesbian, gay, bisexual, trans, and intersex (LGBTI) persons, the Commission is concerned about the existence of centers for “curing” homosexuality, in which young and adult lesbian women are coerced or forced into these centers and subjected to all forms of violence, including physical and sexual violence. The Commission also heard with concern information about medical interventions to which intersex children are subjected because their bodies are different from the standard male or female body, without waiting for them to be of age to be able to consent. These procedures are medically unnecessary, done for cosmetic reasons, and tend to have irreversible effects, including genital insensitivity, sterilization, and chronic pain. The IACHR urges the States to adopt urgent measures to review these medical interventions for persons under 18 years of age, in the light of every person’s right to personal integrity, dignity, privacy, identity, autonomy, access to information, and sexual, reproductive, and health rights.
Disturbing information was also received about the situation of women’s rights, in particular the fact that violence against women continues in the Americas, and these crimes continue to go unpunished. In the hearings, the Commission heard troubling information about the legal and practical obstacles that continue to exist for women to be able to exercise their sexual and reproductive rights; obstacles in access to justice for women victims of violence; the growing problem of human trafficking; and the overlapping discrimination against women of African descent, indigenous women, poor women, and lesbian women, who are invisible when it comes to formulating laws and public policies and programs.
In several thematic hearings, the Commission received deeply troubling information about economic, social, and cultural rights. These include the lack of proper treatment for LGBTI indigenous persons living with HIV; the link between discrimination against communities in vulnerable situations and their exercise of the rights to work, to health and to land; and the overlap between the right to live free of discrimination and the exercise of economic and social rights for various groups, including women, indigenous persons, and Afro-descendants, among others. The Commission also received troubling information indicating that a high percentage of cases involving women and girls who have illegal abortions or are accused of violating laws that criminalize abortion are the result of poverty and lack of access to the right to health.
The IACHR held hearings on countries, and it notes it deep concern over the information it received on the serious challenges faced by the National Compensation Program for victims of the internal armed conflict in Guatemala, as well as the lack of progress in the Dominican Republic concerning the situation faced by Dominicans of Haitian origin and the human rights violations they suffer, especially against their right to nationality, which leads to situations of statelessness. With respect to Guatemala, the Commission calls on the State to adopt the necessary measures to guarantee that the compensation program can continue and to ensure that victims of the armed conflict receive comprehensive reparation that is culturally and gender-appropriate. With respect to the Dominican Republic, the Inter-American Commission will continue to use all mechanisms at its disposal to monitor this serious situation as long as it persists, and it urges the State to adopt the necessary measures to resolve it.
The annex to this press release includes information received during these sessions on the human rights situation in the region.
A principal, autonomous body of the Organization of American States (OAS), the IACHR derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights. The Inter-American Commission has a mandate to promote respect for human rights in the region and acts as a consultative body to the OAS in this area. The Commission is composed of seven independent members who are elected in an individual capacity by the OAS General Assembly and who do not represent their countries of origin or residence.