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Del 20 al 25 de febrero de 2012

REPORTAJES ESPECIALES

-Panamá: La lucha sigue, afirma cacica Ngöbe Buglé Silvia Carrera

-Colombia: ¿De vuelta a El Dorado?

-Cuba: Violencia de género: construyendo referentes

OTRAS INFORMACIONES:

Género: Un paso más hacia la igualdad

Las mujeres cuentan la otra Historia

Cuba: Lecciones de un libro de mujeres

REPORTAJES ESPECIALES

Panamá: La lucha sigue, afirma cacica Ngöbe Buglé Silvia Carrera.

Panamá, febrero (SEMlac).- Silvia Carrera, panameña, artesana y agricultora de la Comarca Ngöbe Buglé, ubicada en el occidente del país, es la primera cacica en la historia de su pueblo.

A escasos cuatro meses de hacer sido electa, en este febrero le correspondió encabezar a su etnia de 160.000 indígenas en una lucha por el control autónomo de sus recursos mineros e hídricos en un territorio de aproximadamente 7.000 kilómetros.

Durante más de una semana de movilizaciones locales y nacionales, ella condujo la ocupación de tramos de la Carretera Panamericana que atraviesa la región y llamados al gobierno para realizar un diálogo.

En el mismo período dirigió acciones de defensa frente a un operativo estatal por aire y tierra que significó dos muertos entre los manifestantes, miles de heridos por bala, golpes y gases lacrimógenos y cientos de detenidos. Adicionalmente, fueron cortadas las comunicaciones celulares y telefónicas en la zona.

Culminó exitosamente una negociación que hizo retroceder al gobierno de Ricardo Martinelli. A sus 42 años de edad, respaldada por su pueblo, por los movimientos sociales y fuerzas progresistas de su país, logró que se excluyera de la propuesta de Reforma al Código Minero (30 de enero) un artículo que ya había sido negociado el año anterior con los Ngöbe Buglé.

El artículo 5, que excluía a la Comarca de las cláusulas favorables a la explotación minera en el país, había sido eliminado en el nuevo texto de la reforma.

Calificada por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá como una protesta que unió a todo el país contra los abusos del gobierno actual, poetas, estudiantes, trabajadores, mujeres, organizaciones indígenas de las otras seis etnias existentes, partidos políticos de oposición y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales manifestaron su apoyo mediante declaraciones y vigilias.

Finalmente, el 8 de febrero se firmó un acuerdo entre el gobierno y los Ngöbe Buglé, en el que se estableció que el gobierno respetará la exclusión de la Comarca en la Reforma al Código de Minería. Adicionalmente, las autoridades se comprometieron a liberar los detenidos y ofrecer atención médica a los afectados, indemnizar a los familiares de las dos personas que murieron, reestablecer las comunicaciones y retirar el operativo especial de las fuerzas de seguridad en la zona.

SEMlac entrevistó a Silvia Carrera el 13 de febrero vía Skype.

¿Cómo te sientes después de semejante gesta?

Estamos vigilantes porque, aunque logramos sentar al gobierno para negociar con nosotros, la legislatura debe aprobar el Código de Minería excluyendo la explotación en nuestra zona, no hay garantías. Ya anteriormente, en 2011, se había aprobado el Artículo 5, pero ese año lo trataron de introducir otra vez. Además, estamos invitando a los organismos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas para que vengan a investigar las violaciones ocurridas, cosa que está pendiente.

¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra ustedes en este período?

Primero, se nos violó el derecho a la comunicación cuando se ordenó a las cuatro compañías de celulares que nos cortaran las líneas. Luego se nos quitó el derecho a movernos por el territorio, cuando mandaron policía por aire y por tierra a no dejarnos circular. Después nos reprimieron con gases, tiros y redadas a centros e iglesias donde dormíamos. Murieron dos de bala y, aunque no se sabe quiénes lo hicieron, lo que sí sabemos es que no fuimos nosotros porque no teníamos armas.

¿Derechos indígenas?

El respeto a la Carta Orgánica que habla de respetar la cultura y tradición indígena, de eso estamos hablando. Los Ngöbe Buglé somos artesanos y agricultores. Con el producto de esos trabajos mandamos a nuestros hijos a la escuela y atendemos la salud. El gobierno actúa mal porque quiere apoderarse de todos los recursos naturales para beneficio de otros, no para su gente. El derecho nativo que defendemos es para poder vivir con lo que tenemos, no para regalarlo. ¡Por regalar las riquezas es que somos pueblo pobre en Panamá!

¿Derechos de las mujeres?

Se han comenzado a escuchar rumores de hostigamientos sexuales a las mujeres de parte de la policía, cuando irrumpieron a iglesias y lugares de concentración, pero eso hay que investigarlo, no está claro todavía. Usted sabe que eso cuesta que se hable y después es que sale mucho. Hay que investigarlo.

¿Cuáles son los derechos de las mujeres?

La autonomía de nuestros proyectos productivos, que es la libertad para desarrollar nuestros proyectos, prepararnos y organizarnos para enfrentar la discriminación. Los hombres ya saben que somos importantes, pero a veces los líderes no quieren escuchar a las mujeres. Nosotras, en las reuniones, hemos empezado a hablar de los grandes temas también. El voto de confianza de mi pueblo ha cambiado eso para trabajar juntos.

¿Qué ha sido lo más fácil para ti y qué ha sido lo más difícil en esta lucha como cacica?

Es fácil esta lucha porque mi pueblo piensa igual que yo: que falta participación directa en las decisiones. ¡Y como yo pienso que ejercer mi cargo es para que trabajemos unidos, pues es fácil porque todos queremos eso mismo! La mayor dificultad viene de que el gobierno no quiere otorgar y respetar ese derecho. Ni siquiera quiere que nos reunamos, porque cada vez que lo hacemos nos desaloja, nos reprime, nos detiene.

Insistes en que hay grandes retos por delante porque, además de los acuerdos que hay que monitorear para que se cumplan, existen otros temas que no fueron resueltos en la negociación todavía.

En la comarca tenemos grandes problemas con el recurso hídrico también. No hay suficiente agua para beber, para lavar y para trabajar porque hay tres compañías que están sacando el agua. Los indígenas no sobrevivimos sin la tierra; es nuestro sustento porque somos agricultores y para cultivar se necesita agua. Si nosotros no lo defendemos, ¿quién? Por eso salimos a las calles y carreteras en protesta. Por eso es que a la vez que celebramos el logro de nuestras movilizaciones, al haber obligado al gobierno a retroceder en lo que tiene que ver con la minería, seguimos en pie de lucha, porque el punto dos de la negociación quedó pendiente. Estamos exigiendo una Ley Especial que prohíba la explotación de los recursos hídricos.

¿Recibieron apoyo de afuera?

América Latina se solidarizó. Cuando la Presidenta de Costa Rica dijo que habíamos retenido a unos costarricenses de un bus en la Carretera Interamericana, los costarricenses nos ayudaron a desmentir eso. Y luego vinieron y nos expresaron su solidaridad.

Hay que seguir apoyando esta lucha que ocurre en todo el continente. Nos quieren arrinconar para apoderarse de nuestros recursos y derechos, pero no se puede permitir. Hay que pronunciarse en el sentido de que esto no ha terminado.

Colombia: ¿De vuelta a El Dorado?

Bogotá, febrero (SEMlac).- El primer producto que identificó al territorio colombiano fue el oro y los españoles, ciegos por la ambición, se embarcaban tras la leyenda de El Dorado. Luego fue el café. Ahora parece que volvemos a épocas pre-industriales.

Las explotaciones mineras y de hidrocarburos -actividades extractivas- están avanzando a pasos de gigante, a costa de ecosistemas, la salud de poblaciones rurales y aumento de la violencia contra las mujeres.

“La promoción de las actividades extractivistas que se da tanto en Colombia, como en muchos países de Suramérica, por parte de gobiernos de izquierda como de derecha, se apoya en el argumento de que estos proyectos son indispensables para asegurar el crecimiento económico y cuya renta permite ampliar los presupuestos para programas sociales”, afirmó a SEMlac Germán Niño, de la no gubernamental Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE).

Con el alza de los precios internacionales de minerales e hidrocarburos -especialmente oro y carbón, con demanda sostenida-, sumada a los estímulos para los inversionistas promovidos desde el gobierno pasado de Álvaro Uribe, ya las grandes multinacionales de la industria extractivista están presentes en todo el territorio colombiano.

Sólo durante el gobierno pasado se otorgaron 9.000 autorizaciones oficiales para la exploración y explotación minera, 37 de las cuales no respetaron parques nacionales naturales -según Ingeominas, autoridad minera de Colombia-ni algunos territorios de reserva indígena.

Las explotaciones carboníferas han puesto a Colombia en el primer lugar en América Latina y décimo en el mundo, lo que se ha traducido en un crecimiento de la inversión extranjera de 11.900 millones de dólares en el último quinquenio.

El actual gobierno ha declarado la minería como “locomotora de desarrollo” del país. Sin embargo, el impulso al sector extractivo no ha ido acompañado del fomento y creación de industrias que le den valor agregado a las materias primas, como la petroquímica.

“Nos estamos volviendo monodependientes de la minería y los hidrocarburos, los indicadores económicos así lo demuestran. Y como estos recursos son finitos, van a extinguirse, y por ello necesitamos avanzar en la industrialización de la minería y en ciencia y tecnología”, afirma a SEMlac Fabio Velásquez, coordinador académico del informe “El sector extractivo en Colombia” y miembro del no gubernamental Foro por Colombia.

Además, los egresos por utilidades o dividendos son mayores o iguales a los ingresos del país por inversión extranjera, apunta Diego Otero Prada, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Central. Significa que hay mucha inversión, pero ésta es igual o menor a los montos de dinero que se llevan los inversionistas.

Colombia ofrece ventajas en tributos que promueven la inversión extranjera, pero en las condiciones más desventajosas para el país productor en el contexto internacional.

El propio ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, declaró a la prensa en mayo de 2011 que había debilidad para fiscalizar y controlar una normativa laxa y poca exigibilidad en la aplicación de las disposiciones vigentes.

El costo que pagan las mujeres

“Con dolor e indignación afirmamos la permanente demanda de servicios sexuales por parte de funcionarios y obreros de la industria mineroenergética, servidumbres, trata de personas, migración de mujeres, así como la estigmatización de las mujeres que ejercen el trabajo sexual promovido por este tipo de actividades económicas”.

Así lo dejaron consignado las mujeres reunidas en el Encuentro Latinoamericano “Mujer y Minería”, celebrado en Bogotá el 12 de octubre de 2011.

La declaración final del Encuentro agrega que la salud de mujeres y niñas recibe también fuertes impactos agresivos de los megaproyectos. “Se acentúan las enfermedades de transmisión sexual (ETS), respiratorias, mentales y de la piel, auditivas y todas aquellas derivadas de la actividad minera extractiva y de las fumigaciones”.

El documento destaca además el incremento de abortos, malformaciones, cáncer y embarazos de adolescentes, entre otras problemáticas de la salud.

La salud de mujeres y hombres ya registró casos masivos como efecto de la extracción y transporte de carbón. En 2008, la comunidad del departamento (provincia) de César (norte de Colombia) protestó por las enfermedades respiratorias generadas por las partículas y polvo en el aire.

Como consecuencia, se abrió una investigación a la multinacional estadounidense Drummond. Pese a las voces autorizadas que indicaban que debían cesar operaciones, al final la empresa se comprometió a mejorar las condiciones de la zona y a reubicar a las cuatro poblaciones más afectadas por el polvillo, que sigue esparciéndose en el aire.

Protestas ciudadanas salvan ecosistemas

Además de la denuncia de títulos mineros en zonas que incluyen áreas protegidas que están siendo investigadas por las autoridades, se ha cuestionado la autorización para que empresas mineras actúen en regiones de páramo, que son las fábricas de agua de las ciudades aledañas.

La protesta ciudadana en defensa del páramo de Santurbán (al noreste del país) condujo al gobierno a revocar la licencia ambiental otorgada a la minera canadiense GreyStar, que se vio compelida a reformular su proyecto, pero no renunció a su interés extractivo en la zona porque, como dijo su vocero a la prensa, “hemos invertido mucho dinero y no nos vamos a ir”.

“Es claro que ha habido una movilización ciudadana en defensa de los recursos naturales y hay un potencial para que la ciudadanía pueda hacer un contrapeso importante” afirmó Velásquez. Sin embargo, “son casos aislados, aún no tenemos el nivel de conciencia y movilización ciudadana que existe en Bolivia o Perú”, agregó.

Velásquez abundó en el caso de Santurbán, donde los campesinos que viven cerca de la zona de explotación aprobaban el proyecto minero, del cual esperaban beneficios por venta de servicios de alimentación y otros. Quienes se movilizaron, en cambio, fueron las víctimas indirectas: poblaciones que se nutren del agua que emana de ese páramo y sí sintieron amenaza y desventaja.

El gobierno ordenó además la suspensión total de actividades extractivas en el Parque Nacional Natural Yaigoje Apaporis, donde hay un resguardo gobernado por una etnia aborigen. La empresa canadiense Cosigo tenía intenciones de extracción de oro en esa área protegida.

Para Niño, director de Alternativas Económicas de CIASE, “ha habido laxitud en los estudios de impacto ambiental que se aplican a los proyectos minero-energéticos, incumplimiento y manipulación de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes”. Esa consulta es obligada antes de emprender cualquier tipo de intervención en territorios de estas poblaciones.

Basadas en el principio de que los daños ambiental y social tienen precio, las normas colombianas indican invertir al menos 17 por ciento de la regalías en la preservación y mejoramiento ambiental. Pero apenas se destinó 3,2 por ciento en promedio entre 2004 y 2009 a estos rubros, indica una investigación de la periodista María Teresa Ronderos, de la revista colombiana Semana.

¿Quién se queda con la renta?

Considerando la alta inversión del sector extractivista, el gobierno reformó el Sistema Nacional de Regalías de manera que sirva en parte para financiar programas sociales nacionales. Así, una parte la reciben las regiones de donde se extraen los recursos, como medida compensatoria, y otra se distribuye en las zonas más rezagadas en cuanto a educación, salud y otros niveles sociales.

El despilfarro de las regalías por parte de las administraciones locales ha sido alarmante: decenas de hospitales a medio hacer o sin dotación y abandonados, y piscinas con olas donde solo se bañan los sapos son algunos de los “elefantes blancos”, como se les llama a obras de gran inversión y sin uso alguno.

Estudios de la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas señalan que no hay correlación entre la renta recibida en zonas de actividad extractiva y un mayor dinamismo de la economía, niveles de educación o salud.

De acuerdo con Carlos Monge, de Revenue Watch Institute, la población rural no se beneficia de la demanda de bienes y servicios que genera la actividad extractiva, se perjudica por la inflación que acarrea y sufre las distorsiones del mercado laboral de las entidades gubernamentales locales.

Para Velásquez, de Foro por Colombia, “es necesario que la ciudadanía tenga voz, y ojalá voto, en la asignación de las regalías a nivel local, y que le haga veeduría a su uso”.

Cuba: Violencia de género: construyendo referentes

La Habana, febrero (Especial de SEMlac).- Tras muchos años de invisibilidad, la problemática de la violencia de género en Cuba se ha ido posicionando, como objeto de investigación, sobre todo durante la última década; pero también como tema de interés para proyectos editoriales.

Dos textos publicados en 2011: Violencia familiar en Cuba. Estudios, realidades y desafíos sociales y Violencia de género en las familias. Encrucijadas para el cambio, respaldan esta aseveración, pero a la par confirman la necesidad de seguir publicando.

Calificado por la doctora Ada Alfonso, del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), como un tema “escurridizo, de difícil colocación”, la violencia de género se ha identificado “como un problema de salud y de derechos humanos”, con lo cual se hace aún más evidente la necesidad de construir referentes para abordarlo.

“Hay una diferencia entre lo que se hace actualmente y la situación en las décadas del ochenta o el noventa del siglo pasado: el tema se está trabajando, se está tratando, aparece en investigaciones, en publicaciones, en proyectos, en programas de intervención, pero todo eso está lejos aún de ser suficiente”, dijo a SEMlac la psicóloga Mareléen Díaz Tenorio, durante la más reciente presentación de los citados textos, de los cuales es coautora.

Violencia familiar en Cuba. Estudios, realidades y desafíos sociales resume los resultados fundamentales de una ambiciosa investigación emprendida a inicios de la década de 2000 por el entonces Grupo de Estudios sobre Familia, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), adscrito al Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.

Publicado por un binomio formado entre la Editorial Cenesex y publicaciones Acuario, del centro Félix Varela, una organización de carácter civil que, desde una perspectiva ética, educa y promueve la responsabilidad para un modelo de desarrollo sostenible, el texto reúne perspectivas y saberes diferentes.

A juicio de Díaz Tenorio, la investigación les permitió confirmar que “la violencia familiar es circular, que en las familias se cruzan y alternan diversas formas de ejercer el poder que pueden generar violencia y que los niños y niñas siempre son víctimas”.

Para la economista Patricia Gazmuri Núñez, otra de las autoras de un colectivo de seis, a quien correspondió todo el acercamiento al entorno legal y jurídico de la violencia familiar, el libro también propone “caminos poco explorados por la práctica cubana, como la mediación de conflictos”.

Violencia de género en las familias. Encrucijadas para el cambio, por su parte, resume los resultados del proyecto “Formación de actores sociales para la prevención de la violencia de género en las familias”, desarrollado también por un equipo de especialistas del CIPS con el auspicio de Oxfam, una agrupación de 14 organizaciones internacionales no gubernamentales que buscan potenciar el desarrollo.

El texto, editado también por publicaciones Acuario, con el apoyo de OXFAM, ofrece una propuesta metodológica para la prevención de la violencia en las familias, construida sobre los cimientos teóricos de la educación popular.

Carlos F. Melián López, coordinador de publicaciones del Centro Félix Varela, explicó a SEMlac que, trabajando el tema de la cultura de paz y de la mediación de conflictos, llegaron a la publicación de textos sobre violencia.

“Nos interesamos por editar textos sobre este tema, que también es una consecuencia lógica del acercamiento sistemático que desde el centro promovemos hacia las problemáticas vinculadas con la teoría de género”, precisó Melián.

Las primeras páginas

Cuando el Grupo de Estudios sobre Familia del CIPS posicionó la violencia como línea de investigación, alrededor del año 2000, “incluso en el ámbito académico era difícil plantear el tema”, reconoció Yohanka Valdés de Oxfam, durante la presentación en La Habana de los dos textos, como parte de la XXI Feria Internacional del Libro.

“Se nos hizo muy difícil encontrar referentes teóricos de la experiencia cubana en el tratamiento a la violencia”, agregó.

Efectivamente, aunque la violencia intrafamiliar y de género son fenómenos antiguos, su conceptualización y estudio es históricamente reciente en el mundo y sobre todo en la isla, hecho que alcanza también a la producción editorial sobre el tema.

“El conocimiento y la información rigurosa de que se dispone sobre este fenómeno en la mayoría de los países es sumamente escasa y, en ocasiones, prácticamente nula, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo”, detalla el estudio “Violencia intrafamiliar en Cuba. Aproximaciones a su caracterización y recomendaciones a la política social”, antecedente de la primera publicación del CIPS sobre el tema.

En Cuba se puede contar como precedente editorial la publicación en 1998 del libro Violencia y sexualidad, de un colectivo de autores, gestado desde el Cenesex y con sello de la Editorial Científico Técnica.

El volumen incluyó acercamientos a la relación entre violencia y sexualidad, como anuncia su título, pero también aborda el maltrato infantil, la violencia contra la mujer, aspectos de la comunicación, el género y la autoestima.

Luego, en 2001, la socióloga Clotilde Proveyer presentó su tesis “La identidad femenina y la violencia doméstica. Un acercamiento sociológico a su estudio”, una sistematización de lo investigado hasta el momento desde la academia, y que se convirtió en texto de referencia para el seguimiento del tema de la violencia hacia las mujeres en Cuba.

Actualmente pueden encontrarse otros acercamientos interesantes en el propio CIPS y en el Cenesex, pero también en el Centro Iberoamericano de la Tercera Edad (CITED), la Universidad de La Habana (facultades de Filosofía e Historia, Psicología y Derecho) y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Pero, en la mayoría de los casos, aún esperan por visibilidad editorial.

Aunque la problemática de la violencia ha sido poco publicada desde la investigación teórica, no ha ocurrido así con la literatura, donde se ha convertido en “uno de los tópicos más visitados”, sobre todo por las narradoras cubanas contemporáneas, según comprobó la colega Helen Hernández Hormilla en la investigación realizada para su tesis de grado de Periodismo.

Escritoras como Laidi Fernández de Juan, Aida Bahr, Marylin Bobes, Mylene Fernández Pintado, Karla Suárez o Ena Lucía Portela, entre otras, muestran desde su representación de la violencia de género “las diversas tendencias que perpetúan la dominación patriarcal”, evaluó Hernández Hormilla en un análisis realizado para SEMlac.

La investigación de esta periodista se alzó con el premio Melanipa, del Centro Félix Varela, y fue publicada, también en 2011, en su libro Mujeres en crisis. Aproximaciones a lo femenino en las narradoras cubanas de los noventa.

Con un acercamiento desde la investigación, pero escrito con códigos de la literatura, otro referente interesante de la aún escasa cosecha editorial cubana en materia de violencia es el texto Desafío al silencio, de la historiadora e investigadora Daysi Rubiera.

Escrito en 2002, el libro compendia historias de mujeres maltratadas y fue publicado en 2010 por la Editorial Ciencias Sociales y el Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero. La demora podría tomarse como indicio de la resistencia con que a veces tropieza el tema en los circuitos editoriales.

Para la doctora Proveyer, el valor principal de este libro “radica precisamente en constituir un desafío al silencio que sobre la violencia contra las mujeres ha existido en nuestro entorno social”.

Pese al terreno andado, Díaz Tenorio considera que aún existen vacíos “en las investigaciones acerca de la violencia en Cuba” y también en su visibilización, lo que contribuye a construir referentes teóricos.

“Los libros indican que el tema se está comenzando a visualizar, pero nos queda mucho más por andar en el tratamiento a este problema social”, aseveró.

OTRAS INFORMACIONES

Género: Un paso más hacia la igualdad

La Habana (febrero).- Una mayor valoración del papel de las mujeres en el sector agropecuario cubano es uno de los pasos de avance reconocidos tras varios años de trabajo intencionado a favor de acortar las brechas de desigualdad de género en ese espacio de incidencia rural, de fuerte arraigo masculino y patriarcal en esta isla del Caribe.

“La capacitación es lo que más ayuda a que las personas empiecen a cambiar”, comentó Dilcia García, responsable de género en la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), al hacer el balance de la estrategia de igualdad establecida hace cinco años por esa organización no gubernamental, que cuenta con más de 32.000 asociados, 30 por ciento mujeres.

Entre las buenas prácticas desarrolladas por esa institución están el desarrollo de políticas afirmativas para incorporar a más mujeres a la ACPA, a sus puestos de dirección y toma de decisiones.

También el otorgamiento de un Premio Anual a la Excelencia en el trabajo de la Mujer Productora y la creación de comités de género en diferentes territorios del país, concebidos como espacios de coordinación y apoyo entre diferentes organizaciones.

No obstante, la apropiación del enfoque de género muestra distintos ritmos entre quienes integran la organización, concluyeron Carmen Nora Hernández y Carmen Monteagudo, expertas que evaluaron ese desempeño y expusieron sus resultados ante organizaciones afines y de la cooperación internacional, el 15 de febrero pasado.

“En el plano de las subjetividades individuales pugnan por imponerse las concepciones de las personas con altos niveles de sensibilización y de preparación en estos temas, frente a la permanencia de estereotipos sexistas y las resistencias presentes en otras”, suscribió Hernández.

Durante la sistematización de la estrategia de género de la ACPA, Hernández y Monteagudo comprobaron también la persistencia de inequidades que se expresan en la baja presencia femenina en la fuerza de trabajo y en la propia composición de la organización.

Igualmente, constataron las limitaciones que tienen las mujeres por la sobrecarga en el ámbito doméstico y que falta “la mirada integral a los procesos institucionales y sociales que dan lugar a las desventajas y desigualdades por condición de género”, anotó Hernández.

Tal es la contradicción evidente, por ejemplo, cuando las mujeres acompañan a sus esposos a las labores en las vaquerías y hasta atienden a los animales, sin recibir por ello remuneración ni reconocimiento social.

En muchos de los espacios donde ellas se han integrado tampoco se reconoce el verdadero significado de sus aportes y lo que ello representa como vía de empoderamiento para el cambio en las relaciones entre hombres y mujeres.

“En algunas mujeres permanece una concepción del hombre como principal proveedor del hogar; otras ni siquiera se han preocupado por esos temas porque no han sentido sobre sí desventaja alguna y la mayoría de ellas reconocieron, durante los talleres de sistematización, la naturalización sexual del trabajo y del condicionamiento por género en los ámbitos público y privados”, suscribió Hernández en el informe de sistematización de la experiencia.

“La estrategia continúa siendo muy pertinente a las necesidades reales del sector”, sostuvo Hernández, y “demuestra que hay otra forma de trabajar, por lo que no hay excusa para avanzar con esa estrategia que se ha institucionalizado”, comentó Gemma García, responsable de género de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

La sistematización de este trabajo el pasado año en varias cooperativas fue realizada por la ACPA como parte del proyecto “Fortalecimiento institucional para la implementación de una estrategia de género en cooperativas agropecuarias”, gestionado por las ONG españolas Mundubat y ACSUR-Las Segovias, y financiado por la Aecid y la Comunidad Autónoma de Murcia.

Ese proyecto, ejecutado en 2011, ha contado además con el coauspicio de la Federación de Mujeres Cubanas, el Ministerio de la Agricultura, la Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales, y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, entre otras instituciones y organizaciones cubanas.

Como parte de sus acciones se impartieron varios módulos de capacitación por la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana y profesionales que se vinculan a ella, dirigidos a las personas que trabajan en la creación de proyectos, a personal dirigente e integrantes de las cooperativas.

Además, se celebraron las “Jornadas de la Mujer Rural: saberes y experiencias”, del 11 al 13 de octubre del pasado año; y se elaboraron varios materiales de utilidad, como carteles para una estrategia de sensibilización destinada a un público amplio del campesinado, un manual de estilo para facilitar la introducción del enfoque de género en las publicaciones del sector rural y en busca de mensajes e imágenes no sexistas, así como otros para el fortalecimiento del enfoque de género en la formulación de proyectos y programas.

Las mujeres cuentan la otra Historia

La Habana , febrero (SEMlac).- Quebrar los silencios y exclusiones sufridos por las mujeres dentro de la Historia ha sido una de las preocupaciones del feminismo contemporáneo. Si bien la experiencia de la mitad femenina quedó fuera de las ciencias sociales canónicas, estudios e investigaciones recientes amplifican sus voces y comienzan a dotar de una imagen más completa los relatos del pasado.

Prueba de ello son dos títulos recientes del Fondo Editorial de la Casa de las Américas, presentados en la XXI Feria Internacional del Libro de La Habana. Reyita, sencillamente. Testimonio de una negra cubana nonagenaria, de la historiadora Daisy Rubiera Cué y Tenemos que hablar, tenemos que hacer. Escritos de mujeres latinoamericanas del siglo XIX. Estudios y textos, editado por Luisa Campuzano y Catharina Vallejo, comparten la intención de reivindicar la participación de las mujeres como agentes activas en el devenir de las culturas y las sociedades.

Desde ese entrecruzamiento entre historia nacional e individual se sustenta el testimonio de Reyita, una mujer negra santiaguera (del oriente cubano) nacida a inicios del siglo XX, que experimentó sobre sí las discriminaciones de género, raza y posición social, pero a la vez fue capaz de reaccionar contra la violencia social y construir su futuro. Con un tono a veces confesional y otras acusatorio, narra desde saberes propios los acontecimientos de su familia, su vida y los procesos nacionales.

Quien transcribe y organiza esa memoria es una de sus hijas, de ahí que Rubiera considere su voz y la de Reyita como la misma. “La historia de mi mamá es también mi propia historia”, advirtió.

Según la escritora, el libro transmite la herencia de sus antepasadas y logra darle voz a un sujeto negro y femenino totalmente excluido del discurso oficial y nacional. Esta condición es, según el crítico Alberto Abreu, “un suceso verdaderamente perturbador para una historiografía donde el sujeto blanco, androcéntrico y letrado, tradicionalmente ha desempeñado el rol del ventrículo del sujeto negro”.

El discurso de Reyita pasa por los debates públicos de una época, al mismo tiempo que por el universo de lo privado y doméstico, con lo cual, a decir de Abreu en la presentación, “el cuerpo racializado de la mujer negra muestra las marcas de sensibilidad y ciudadanía abyecta, subyugada”. Para el investigador, la oralidad de este texto, su discurso evocativo y el énfasis en el yo individual reacciona contra el saber académico hegemónico que provoca la subalternidad.

“Reyita sencillamente…” resultó finalista del Premio Casa de las Américas de testimonio en 1996 y fue editado por primera vez al año siguiente. Desde entonces se ha convertido en un clásico de las letras y la historiografía cubana.

La palabra es acción

A la recuperación del discurso femenino americano se debe el volumen Tenemos que hablar, tenemos que hacer…, en el cual se recopilan textos de 24 mujeres vinculadas a la historia y la cultura del continente en el siglo XIX, junto a estudios sobre ellas realizados por especialistas del presente.

Gertrudis Gómez de Avellaneda, Anita Garibaldi, Manuela Sáez, Emilia Serrano, Julia López, Ana Roqué, Flora Tristán, Juana Azurduy, Manuela Aybar, Candelaria Figueredo, Juana Manuela Gorriti, Salomé Ureña y Lola Rodríguez de Tió son algunas de las seleccionadas en el volumen, con textos que marchan desde la novela, el relato, el testimonio, la carta, la autobiografía y el memorial, entre otros. Con ello, las editoras muestran la diversidad de formas discursivas a las que accedieron las mujeres de ese siglo.

Para Campuzano y Vallejo, entre los principales aportes del libro radica la unión de dos momentos de producción escritural: las de mujeres del siglo XIX y las que en este recién andado XXI se dedican a investigarlas. “Sentimos que de este modo establecemos un diálogo -movimiento dinámico de transformación del espacio- entre medio real y actual de dos épocas y dos campos culturales; y, en muchos casos, franqueamos distancias también geográficas y genéricas”, escriben en la introducción.

Entre las temáticas abordadas en los documentos escogidos se encuentran cuerpo, familia, sociedad; viajes, exilios, migraciones; escrituras del yo femenino y mujeres, independencia y patriotismo.

En opinión de la periodista Helen Hernández Hormilla, el reflejo de las preocupaciones y campos de actuación de las mujeres letradas del XIX latinoamericano sirve para distinguir las complejidades de una etapa de tensiones, en la cual la capacidad transgresora de ellas comenzaba a dejar de ser excepcional.

La palabra escrita ha permitido a las mujeres plasmar con voz propia sus percepciones sobre la realidad, defender sus derechos y autonomía, denunciar ultrajes y fabular realidades distintas a la tradicional subalternidad dictada por el patriarcado, señaló la presentadora. “El acto de decir significa para ellas una acción en favor de su albedrío, una desobediencia a la ley desigual de los géneros”, acotó Hernández Hormilla durante la presentación.

Al decir de Luisa Campuzano, directora del Programa de Estudios de la Mujer de la Casa de las Américas, rastrear la producción discursiva femenina del pasado se convierte en una tarea complicada, puesto que este quehacer se encuentra sumergido en los entresijos de la memoria, en los lugares más inesperados.

Con libros como estos, se contribuye, entonces, a completar nuestra historia, “que era la mitad de la historia y constaba de un gran vacío: el de la vida, la producción y creación de las mujeres en nuestras sociedades”, recordó la escritora.

La incitación a seguir investigando sobre la tradición intelectual femenina es uno de los estímulos subyacentes en la compilación, sostuvo Hernández Hormilla. “Tenemos que hablar, tenemos que hacer mucho más para saber de ellas, por salvar la memoria histórica de las mujeres, por iluminar con el ejemplo de su trasgresión los caminos de las reivindicaciones en pos de un porvenir más justo”.

Cuba: Lecciones de un libro de mujeres

La Habana, febrero (SEMlac).- Las vidas de una camionera, una educadora, una productora de alimentos y una dirigente comunitaria, entre casi una veintena de mujeres del oriente cubano, asoman entre las páginas del libro Chaparreras con luz propia, presentado la pasada semana en La Habana.

Transcurridas en el batey del ya desactivado central azucarero Jesús Menéndez, antiguo Chaparra, en la provincia de Las Tunas, a más de 650 kilómetros al este de La Habana, las historias de estas 18 mujeres “son también, de alguna manera, la historia de las mujeres en Cuba, de su importante aporte al desarrollo del país desde todas las esferas”, dijo la doctora Isabel Moya, comunicadora y especialista en temas de género.

Moya, directora de la Editorial de la Mujer, tuvo a su cargo una de las presentaciones del texto, durante la sesión final del Posgrado Internacional de Género y Comunicación, convocado anualmente por la Cátedra de Género y Comunicación “Mirta Aguirre”, del Instituto Internacional de Periodismo “José Martí.

Para la también presidenta de la citada cátedra de género, el libro permite ver “cómo en Cuba se ha dado, a veces de manera contradictoria, ese proceso de empoderamiento de las mujeres”.

“La puerta de entrada a Chaparreras… fue la estrategia de género que puso en marcha la Federación de Mujeres Cubanas en el municipio Jesús Menéndez, para visibilizar ‘lo que el viento no se llevó’ con el paso del huracán Ike en el 2008”. Esto consta en el prólogo del libro, escrito por Maritza Ingram Calderón, quien también es autora de algunas entrevistas.

Editado por Publicaciones Acuario, del Centro Félix Varela, el volumen fue posible gracias al apoyo del Programa Oxfam en Cuba, y de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (Aedi) y también fue presentado en la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, subsede de la Feria Internacional del Libro, correspondiente a 2012.

Estos dos espacios de la cooperación internacional con la isla también sostienen el proyecto Desarrollo socioproductivo concertado en Jesús Menéndez, que busca contribuir al desarrollo local y al proceso de reconstrucción del municipio, también partiendo desde una perspectiva de género.

Moya aseveró que “Oxfam ha apoyado en los últimos años no solo proyectos concretos de desarrollo en comunidades agropecuarias, sino la publicación de libros sobre género para dar a conocer las particularidades del proceso cubano de empoderamiento de las mujeres”.

Para Clarivel Borreros, funcionaria de la FMC y coordinadora de la línea de género del proyecto socioproductivo local, la obra significa “la oportunidad de visualizar el trabajo de estas compañeras que admiramos mucho, y por las que también nos sentimos orgullosas de ser chaparreras”.

Liliana Gómez Ramos y Maité Silveira, dos de las autoras, coincidieron en destacar el trabajo en equipo como valor y soporte esencial del libro.

“Fue bonito conocer a esas mujeres que nos abrieron las puertas de su casa, nos dieron un pedazo de sus vidas, de su familia, que construyeron las entrevistas junto a nosotras”, rememoró Gómez.

Silveira, en tanto, destacó la posibilidad que les dio el trabajo de preparación del texto para “profundizar en la historia y saltar las vallas que nos va poniendo el patriarcado, al mostrar cómo estas mujeres han saltado sobre esas mismas vallas”.

“Me correspondió, en particular, entrevistar a chaparreras que trabajaron en el central que ya no existe y me conmovió ver que estas mujeres aún sienten nostalgia por ello, pero también se están planteando nuevos retos”, contó a SEMlac.

A juicio de Beat Schmid, representante de Oxfam en Cuba, la publicación “es un ejemplo y se coloca en el camino transitado por organizaciones y líderes locales para promover la equidad de género en el desarrollo social y económico del territorio de Jesús Menéndez y en la vida cotidiana de sus mujeres y hombres”.

Para Moya, resultó particularmente interesante que la propuesta editorial muestre “a mujeres de Chaparra conversando con mujeres de Chaparra”, pero aún así, no es un libro local: “es universal porque la historia de la lucha por la emancipación, por la independencia, ha sido la misma”.

Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe-SEMlac

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